INMIGRANTES “ILEGALES”.

Cualquier persona, en su propia naturaleza, tiene un potencial de generación de riqueza, que debe tener oportunidad de plasmar en bienes para si mismo y la sociedad.La imagen del emigrante como persona que supone una carga para la sociedad que lo recibe, es totalmente irreal e injusta. En general, cualquier persona tiene una capacidad de generar riqueza que la beneficie a ella y al resto de las personas de su entorno. Se oyen comentarios sobre cuanto cuesta cada emigrante, pero nadie parece percibir lo que, cuando disponen de trabajo, su salario representa: quien se lo ha pagado ha obtenido una plusvalía, y además con su actividad social genera negocio para otros, ya que el emigrante tiene que consumir, pagar impuestos y participar en la vida económica del lugar en que resida. Así, su estado de ilegalidad supone un perjuicio económico, ya que dispondrá posiblemente de menos recursos para el consumo, al mismo tiempo que deja de pagar los impuestos y las aportaciones a la Seguridad Social. Por otro lado, posiblemente los empresarios se encuentran incómodos con esa ilegalidad, al margen del pírrico beneficio de pagar salarios bajos, por lo que debe dárseles la oportunidad de resolver esa situación: Si disponen de un puesto de trabajo para un inmigrante, deben de poder incluirlo en sus plantillas con todos los derechos y obligaciones, lo que supondría legalizar su presencia en el país (con un trabajo estable, aunque sea temporal) de forma más o menos provisional, según el tiempo que permanezca en la misma. En nuestra opinión, aunque en general los empresarios siempre estarán dispuestos a pagar los salarios más bajos posibles, son conscientes que los salarios cuanto más altos sean, mejor funciona la economía, ya que en el mercado la circulación dineraria es la que hace prosperar la economía de un país: mayores salarios, más negocio para todos. (La base fundamental del mejor nivel de vida de las naciones más desarrolladas está en el alto nivel salarial de sus ciudadanos, con mayor poder adquisitivo).La necesidad de regularizar los movimientos migratorios, es evidente. Por eso, y en tanto no se dan las condiciones para que sean los países de origen los que mediante el desarrollo social y económico propio aporten soluciones, son los países receptores los que han de resolver estos problemas, respetando la dignidad y los derechos de las personas. Así el gobierno español debería crear agencias o fundaciones (quizá incluidas en el Instituto Cervantes) con delegaciones en los países de origen (África y Latinoamérica, principalmente) que tuvieran un carácter social en la que se iniciasen los trámites para ser admitidos como emigrantes, al mismo tiempo que se impartiesen cursos de formación, lengua castellana y cultura social. Al mismo tiempo, operarían como agencias de colocación según la demandas y ofertas de trabajo. Lógicamente, este sistema serviría para otros países europeos, con los que compartir el proyecto. Parece lógico suponer que, contando además con la colaboración de ONGs el coste se compensaría con el ahorro de los gastos que actualmente supone la inmigración descontrolada. Además, sería una buena ayuda a los países de origen, contribuyendo a la formación profesional y culturización de sus ciudadanos.

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