A la atención del Sr. FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Me siento en el deber de presentarle este escrito de denuncia, al observar lo que está ocurriendo con las Cajas de Ahorro
populares, especialmente en las que me son más próximas, como Nova Caixa Galicia, de la que soy
cliente ya desde que era Caixanova y, mucho antes aún, Caja de Ahorros Municipal
de Vigo (de la que también fui trabajador y miembro de su Consejo de Administración) así como de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, y también de “La Caixa”.
Mi
decisión de ser cliente de las Cajas se fundamenta en querer contribuir a mantener entidades que, por lo menos
teóricamente, trataban de ofrecer servicios financieros desde una perspectiva ética, sin ánimo de lucro, y asimismo
generaban un patrimonio público en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Se
suponía que su gobierno y administración
estaba en manos de personas designadas democráticamente por los representantes
de la población,
bajo el control y vigilancia de las autoridades económicas y
políticas, tanto estatales como autonómicas, así como del BdeE y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pero, a la vista
de los acontecimientos, es evidente
que estamos ante una
conspiración desarrollada a lo largo de los últimos 20
años, para expoliar el patrimonio
público de las Cajas entregándolo a la iniciativa privada; a bancos cuyos responsables pagarán un precio que pasará a formar parte del patrimonio
adquirido.
Si menciono tan largo periodo de tiempo, es porque a principios (creo) de la década de los
90, se tuvo el primer indicio de lo que estaba por venir: Fui testigo de una frase pronunciada por el que entonces era presidente
de la Asociación
de la Banca Privada, Sr. Termes.
Dijo algo así como “Las Cajas de Ahorro usurpan
más del 50% del mercado financiero, que
nos pertenece”. Lo que
podemos entender como un llamamiento a la “conquista” de ese mercado, concentrándolo
en
unos pocos bancos privados, con desprecio de las Leyes que garantizan la libre competencia y que prohíben la creación de MONOPOLIOS.
La
rentabilidad del negocio
financiero
nos ayuda a entender por qué hay tanto interés en unificarlo y
controlarlo desde un pequeñísimo
grupo de privilegiados. Los Servicios bancarios son
imprescindibles para el 99% de las actividades de las
personas o empresas, que se ven obligadas a aceptar condiciones abusivas. Por eso les “estorba” cualquier tipo de competencia en el
ámbito de lo que se suele llamar “mercado cautivo”.
En España existen
o existían normas para controlar a las entidades financieras
y evitar abusos; también una Banca Oficial que contrarrestaba la actitud especuladora de la banca privada y además
también entidades con objetivos sociales, sin ánimo de lucro, orientadas
al
bien común, como las Cajas de Ahorro
o las Cooperativas de Crédito, teóricamente equiparables a lo que ha venido a
llamarse banca ética. Pero esas normas se han ido relajando
o cambiando hasta llegar al momento presente.
Por eso no es descabellado
hablar de un largo periodo
de maquinaciones necesario para
cumplir los objetivos propuestos, maniobrando para que la sociedad aceptara la nueva situación, en
base a evitar que el expolio resultara demasiado evidente.
Para ello ha sido
necesario alterar las reglas y normas vigentes, a fin de que se adapten a los intereses de los presuntos conspiradores, de difícil identificación, pero
relacionados con la banca, los organismos oficiales que deberían controlarla, y
los políticos que diseñaron las nuevas operativas, y así se inicia un periodo de cambios en las prácticas bancarias, relajando los servicios y funciones de control sobre todo el sistema financiero.
El primer hito se marca con la privatización de la banca pública, incluido, en la práctica, el
Banco de España que, además de cerrar sus puertas al público
en
general, se convierte en BANCO DE BANCOS, y ponen su administración y dirección en manos de los dirigentes bancarios privados, ya
que varios de los miembros de su Consejo estuvieron o están vinculados a bancos privados u organismos internacionales, de
corte neoliberal.
Fue necesaria la complicidad de los políticos,
que
facilitaron los cambios de la normativa para el desarrollo de todo el proyecto. También colaboran los medios de comunicación, con información
contradictoria e incompleta, ocultando el fondo del problema.
Los funcionarios destinados a la vigilancia de las entidades financieras se ven
constreñidos a relajar sus funciones, tanto por el recorte de medios, como por nuevas directrices.
Así se consigue la deriva de las Cajas de Ahorro
en
las que se evita
cualquier atisbo de gobierno democrático, e imponer prácticas especulativas
copiadas de la banca
privada para
con sus clientes,
los que, poco a poco, van aceptando esa sibilina transformación, asumiendo que
tanto da ser cliente de una Caja como de un banco, inconscientes de que en las
decisiones que tomen los administradores de “su” CAJA hay unas personas que, teóricamente, les representan, ya que, teóricamente, tenían que ser elegidas
con su participación.
Pero esos
son “detalles” que sistemáticamente fueron ocultados al público en general,
para tener el control mayoritario sobre las personas que integran dichos
órganos de gobierno. Seguramente la inmensa mayoría de los clientes de las
Cajas, ignoran que tienen (o tenían) derecho a participar en el gobierno de las
Cajas.
Se oculta
el
objetivo de expoliar el patrimonio de las Cajas, e imponer “unas tarifas unificadas” y una política financiera puramente especulativa, decididos desde un oligopolio.
El segundo hito se refiere a la dificultad que suponía la existencia de 74 Cajas de Ahorro autónomas, vinculadas a comarcas concretas y diferenciadas
por la
peculiaridad de sus órganos de gobierno
para ello, además de relajar las normas democráticas sobre la constitución de los órganos de gobierno de esas Cajas, se les permite emprender una carrera de fusiones y absorciones, instándolas
además a expandirse territorialmente, para generar
enfrentamientos que rompan su
tradicional coordinación organizativa a través de las Federaciones Autonómicas y la Confederación estatal (CECA).Asimismo
permitiendo que se adopten métodos y
prácticas de la banca privada, orientadas a la obtención
del
máximo beneficio en sus
operaciones, con desprecio (en las Cajas) de su teórica utilidad pública.
Los dirigentes del BdE (especialmente MAFO) han insistido repetidamente en la necesidad de que las Cajas se fusionasen, para conseguir reducir su número. Nunca han explicado para qué, por lo
que parece obvio que es para facilitar su traspaso a entidades privadas.
Se permitieron operaciones prohibidas a las Cajas. Por ej., emisión de “Títulos Preferentes”, para
lo que se creó una SAU. Aunque esos títulos se consideran “tóxicos” por la CNMV, no se
prohíbe su venta, quedando los clientes desamparados
frente a unas
improcedentes prácticas
comerciales.
El caso que conozco directamente es una emisión efectuada por Caixa Galicia de Títulos
Preferentes
que luego fueron calificados como tóxicos por la CNMV, lo que supuso un engaño para muchos clientes que confiaron en “su” Caja de Ahorros.
Los títulos fueron
adquiridos en 2003,
y teóricamente vencían en 2008, pero fue imposible recuperar su importe
mediante la venta en el mercado secundario, por ser “permanentes” y por su falta de seguridad y rentabilidad, tratándose de una inversión de alto
riesgo e improductiva.
A mediados del año 2010
se presentó denuncia ante el BdeE quien, sin entrar a valorar (como le correspondía) el método de venta de un producto bancario, debía ofrecer unas garantías
establecidas
por el propio BdeE, nos remitió a la CNMV,
en
donde se obtuvo el folleto oficial (omitido por
Caixa Galicia) y un informe calificando como “tóxico” dicho producto
pero sin ninguna acción respecto a la entidad emisora.
A pesar de esa denuncia, ni el BdE ni la CNMV tomaron medidas para paliar lo que venía ocurriendo;
y así se sucedieron operaciones similares hasta fechas muy recientes.
Las entidades financieras incumplen el principio exigido por el BdE, que advierte a los bancos que deben de aplicar las
“buenas prácticas bancarias”
estando establecido que es OBLIGATORIO facilitar
dicho folleto al cliente y refrendar que el mismo lo ha leído,
y es evidente que ninguno de los organismos
mencionados se molestó en comprobar si la entidad denunciada estaba cumpliendo con la obligación de facilitar un folleto Oficial a
los
clientes.
Se trata, por tanto, de claros indicios de que las entidades oficiales mencionadas,
no tienen la intención de controlar el mercado financiero, sometido a los dictados de la banca especulativa,
propicia a la destrucción de cualquier opción de mantenimiento de unas finanzas éticas al servicio de la Sociedad es necesario abrir una investigación para depurar responsabilidades
de los dirigentes de dichos organismos, por negligentes en sus funciones o
cómplices de los hechos consumados.
El permitir
que las cajas participen en mercados fraudulentos viene
a demostrar la intención no sólo de desacreditarlas,
sino
también que generen problemas que justifique su desmantelamiento.
Esta en entredicho la legalidad de la representación de los miembros de los citados Consejos ya que, sistematicamente, se degradaron (en lugar de mejorar) unos métodos que garantizasen una participación democrática, controlados por las Autoridades monetarias.
Podrán
argumentar que fue para mejorar el nivel de solidez
y beneficio
económico de las Cajas. Pero la situación presente, en que la
mayoría parece estar en banca rota, contradice esos propósitos, remarcados por
la aparente falta de posibles inversores dispuestos sanearlas, sugiriendo que
en realidad la situación es peor que la que se deja traslucir.
No es
admisible suponer que las personas responsables del control sobre las Cajas
sean unos ineptos o incompetentes; así se puede dar por supuesto que se trata
de un plan complejo para alterar el mercado financiero. Como mínimo, ya han
conseguido una estandarización de las operaciones: Las Cajas ya son
IGUALES a los
Bancos, en su actitud ante sus clientes.
Hay datos
evidentes, como su cuota respecto al mercado financiero: El índice de
participación del global de las Cajas respecto al conjunto de entidades
financieras fue bajando al mismo ritmo que las fusiones.
O el porcentaje de beneficios, evolucionando a la baja, a pesar de los recortes salariales
que se aplicaron continuamente: Quizá debido a que al mismo tiempo y a causa de
la falta de control democrático en
sus Órganos de Gobierno, se incrementaron los gastos en fatuos
desmedidos y algunas corruptelas.
Consumada
la campaña de “ACOSO Y DERRIBO” de las Cajas, la nueva situación supone el desamparo de las personas y PYMES ante el sistema financiero.
Aplican una operativa designada
para obtener el máximo beneficio imponiendo
las condiciones
que más les renten
a los banqueros, aunque sean drásticamente injustas e injustificadamente caras.
Para evitar aquellas protestas y reclamaciones que puedan surgir
si se divulga la trama orquestada `para que algunos financieros se apropien de las
Cajas, se desvía la atención de los ciudadanos y
de los medios hacia cuestiones secundarias que no afecten su objetivo principal, y
así
todo el aparato se vuelca en buscar “responsables”
a los que achacarles lo ocurrido y a los que, sorprendentemente, indemnizan generosamente al “jubilarlos” anticipadamente.
Se trata de auténticos “cabezas de turco”, cómplices de lo acaecido, que callan los nombres de los verdaderos responsables
a los que protegen gracias a verse sobradamente compensados y libres de responsabilidad judicial. Simplemente, se trata de ganar
tiempo, mientras todo se consolida.
También está
la actitud de entidades de representación popular como, la Corporación del
Ayuntamiento de Vigo, que se ha mostrado ineficaz en cuanto a la defensa del patrimonio del pueblo, creado
gracias a su patrocinio, y en nombre de todos los ciudadanos.
Ocurrió que, siendo el grupo con mayor representación en el
Consejo de la Caja de
Ahorros Municipal de VIGO, se renunció
a una
buena parte de puestos en los órganos de gobierno (argumentando que era “para evitar su
politización”) y que se cedieron a la nueva mayoría formada por representantes de los clientes, pero aceptando que el método
de elección de los mismos sea mediante
un sorteo, método que se ha empleado sin garantías
democráticas.
Porque así le conviene al
sistema “apolítico” que controla las finanzas globales
y de forma totalmente tendenciosa, se consigue que se implantara (en los Órganos de Gobierno) una mayoría contraria a los principios fundacionales de la
propia Caja, que establecen
normas que la definen como una entidad sin ánimo de lucro, creada para combatir
la usura y facilitar el desarrollo económico y social de sus clientes. (Esa actitud manipuladora es evidente por
el hecho de que no se informara a los clientes de esa nueva normativa,
excluyendo así a cualquiera que pudieran tener interés en participar en el
proceso, presentando su candidatura).
Además, siendo
discutible el sistema de elección por COMPROMISARIOS, lo cierto es que no está
prevista la libre participación como candidato:
para serlo, antes se debe formar parte del grupo elegido por sorteo (celebrado
sin las mínimas garantías).
Las sucesivas
corporaciones asumen esa situación, reiterando su desidia frente a sus
obligaciones como representantes de la ciudadanía. Los consejeros en
representación de la Corporación Municipal presentes en los Órganos de gobierno
de la Caja, no parece que consultaran o informaran a sus compañeros de legislatura,
ni a la sociedad en general.
Así pues, los derechohabientes de dicha Caja de Ahorros se quedaron sin representantes
leales dispuestos a defender sus derechos, en un proceso que en realidad afecta
a la mayoría de las Cajas de Ahorro españolas, quedando fuera algunas entidades
que no asumieron esa reconversión, demostrando que la misma no era ni obligada
y ni conveniente.
Los Órganos de gobierno vienen incurriendo en dejación de funciones,
ante la pasividad de las autoridades y políticos de turno, que
saben muy bien cuales van
a ser las consecuencias de las decisiones asumidas
por esos Consejos (transgreden limitaciones marcadas para
las Cajas): Crean productos
financieros
especulativos, inician una expansión
geográfica
disparatada y otras prácticas bancarias atípicas para las Cajas introduciendo, además, cambios en las relaciones con los clientes, empleados
e instituciones.
También les
conviene que los balances de las Cajas arrojen malos
resultados, tanto
para fijar el justiprecio que luego
tendrán que pagar los que las compren, como para justificar las medidas que se están imponiendo. La interpretación tendenciosa de los balances es fácil, cuando los parámetros que se aplican son variables y subjetivos, susceptibles de ser manipulados.
Sibilinamente los problemas
surgidos su achacan al TIPO de entidad, su tamaño y estructuras, cuando
la verdadera causa está en la perversión de los objetivos y métodos previstos
y utilizados.
Los objetivos que dicen que hay que conseguir para
“salvar” a los bancos (aunque su intención es rentabilizarlos aún más) se basan
en dos argumentos: La seguridad y rentabilidad, aspectos muy discutibles y revisables: El primero se califica en función de
la morosidad, un concepto subjetivo
y manipulable, que refuerza la
segunda, que tiende a ser máxima. Para incrementar la “rentabilidad”, puede convenir valorar la operación como de alto riesgo.
En definitiva se trata de valorar exclusivamente la posibilidad de la obtención del mayor beneficio financiero posible. (Lo que en las Cajas, entidades sin ánimo de lucro, tiene una relativamente menor importancia).
Se
pretende reforzar la idea de una situación pésima. En el caso de las Cajas, para rebajar el valor
patrimonial y justificar así su reconversión y absorción. En el caso de los bancos, para justificar las ayudas que reciben de la Administración así como las
restricciones en los créditos que han supuesto, de inmediato, un incremento en
el tipo de interés a pagar.
Están ofreciendo Tarjetas de Crédito con oferta de dinero efectivo.
Es un préstamo sin garantías, a un interés
altísimo, para obtener ganancias aunque haya fallidos. Si hay morosidad, servirá
para plantear un panorama inseguro, aunque el balance sea positivo.
Les interesa dar una imagen de crisis y para ello les
sirve la MOROSIDAD. Según
sea ésta, se valora la situación de una entidad, marcando
la calificación de solidez, que determinará el % a aplicar en sus operaciones.
Así, si crece la morosidad, se sube el %, que a su vez hacer subir la morosidad,
además de permitirles obtener mayores ayudas de las instituciones.
Pero la MOROSIDAD
viene determinada por los días que una operación vencida tarda en ser
regularizada lo que, lógicamente, depende en buena parte de las condiciones de la operación impuestas por el banco, referente a plazos,
intereses y otras condiciones.
Por ejemplo, los préstamos se pagan mediante vencimientos mensuales
pero al deudor, por su estructura económica, podría convenirle hacer
los
pagos trimestralmente, por ser
así como recibe sus ingresos. El banco podría adaptarse perfectamente a esa forma, sin mermas en su rentabilidad pero no
lo hace, ya que así el afectado pagará demoras, de dos meses para el primero y de un mes para el segundo, pero a un tipo varias veces superior…
Y lo mismo ocurre
con los criterios rígidos en los plazos para la amortización. Se penaliza si se anticipa
o cualquier una adversidad supondrá un incremento en los costes, lo que
supone mejorar los beneficios del banco, a costa del bolsillo del cliente.
El tipo o porcentaje aplicado en caso de morosidad es desorbitado
(para eso se anuló, en el año 2003,
una norma sobre
el
delito de usura), claramente para cumplir la estrategia de los bancos, ansiosos de forzar sus beneficios sin preocuparse de las repercusiones sociales…
Las Cajas, años ha, aplicaban como recargo por demora un 1% anual
más sobre el tipo pactado ¿Qué ha justificado esa subida tan drástica? ¡Unirse a los bancos comerciales!...
También, años ha, las Cajas tenían poca morosidad,
gracias a la renegociación de las deudas y a FACILITAR condiciones de pago más ajustadas a las posibilidades reales de sus clientes.
Parece ilógico dar importancia decisiva a un índice arbitrario, cuya valoración es totalmente subjetiva, sometida a criterios fácilmente manipulables y que debería ser revisado.
Es el
único que se menciona en los informes que
tratan sobre la situación, cuando podrían referise a otro, más esclarecedor
respecto al
estado de solvencia, como sería el que reflejase la repercusión
sobre el patrimonio del banco comparado con el total de los recibos o “letras” FALLIDOS. Y posiblemente existan otros parámetros más significativos.
Ese
indicador sería mucho menor que el que se utiliza basado en la morosidad, ya
que un alto porcentaje de los pagos demorados SÍ termina siendo cobrado, además,
con incrementos no previstos en la formalización, al aplicar penalizaciones por
la demora.
Más aún:
del total de préstamos que no se cobran, que se liquidan con cargo al FONDO
PARA FALLIDOS hay que restar los que se cancelan sin apurar los medios de
cobro, por ser préstamos a personajes con ciertas vinculaciones (fui testigo,
en mi época de miembro del Consejero en Caixavigo, de operaciones sorprendentes)
o a candidaturas políticas, equipos de fútbol, “Medios”, etc. con lo que el
total de préstamos realmente fallidos aún sería menor.
La
política de los financieros busca la obtención del máximo beneficio, por lo que
no se duda en aplicar argucias ilegales, pero “consentidas” por las
autoridades, que además facilitaron que se apoderaran de las Cajas y Bancos
públicos, que pudieran paliar esos abusos.
Entre
todos ellos, han agravado el clima de inseguridad generado por la crisis que,
cuando menos, les suponen las siguientes ventajas:
1.
Justificación y facilidades para
recibir ayudas de la Administración.
2.
Adquirir el patrimonio (y apoderarse
de su mercado) de las Cajas de Ahorro y de la banca pública.
3.
Encarecer los costes de sus servicios,
como si con ello se rebajase el riesgo.
4.
Imponer criterios de gestión económica
basados en la rentabilidad financiera y especulativa.
5.
Crear y mantener un Oligopolio.
6.
Crear y mantener voluminosos FONDOS
PARA FALLIDOS
Los FONDOS para fallidos
se nutren con cargo a los beneficios del banco. El BdeE fija su importe según
el nivel de morosidad de cada banco. En la práctica, esos fondos representan un recurso para evadir el pago de impuestos sobre beneficios, ya a lo
largo del año el banco
aplica partidas para esos fondos
con cargo al total de beneficios, con la apariencia de que se trata de tener “capital disponible”
para cubrir posibles “impagos
o insolvencias”.
Pero
contablemente es una partida en el balance cuyo destino es estático y no afecta
al desarrollo comercial del banco, puesto que no se vincula a ningún depósito
inamovible ni a un fondo común del sector, para garantizar su estabilidad
global. La ventaja es que, con cargo al mismo,
pueden formularse pagos o compensaciones, sin control alguno, convirtiéndolo en
lo que se suele llamar “FONDO DE REPTILES”.
Bajo
esa perspectiva, habrá que valorar el reciente caso de la “compra” por parte del BBVA de un grupo de Cajas
de Ahorro catalanas, que previamente fueron unificadas y “empaquetadas”. El importe abonado fue UN EURO, comentándose
que el banco se “hace cargo” de los préstamos en mora y también (obviamente) de los FONDOS PARA PROVISIÓN DE PRÉSTAMOS FALLIDOS constituidos por dichas Cajas
incluyendo, además, las garantías
comprometidas por los morosos.
Aunque pudiera ocurrir que la MOROSIDAD de ese grupo de
Cajas fuera alta, antes tendrían que agotar las posibilidades de ejecutar las
garantías o aplicar ese FONDO que ahora se le entrega gratis al banco.
Es probable que el banco no tenga que cancelar todas las deudas morosas
de dichas Cajas aplicándoles el FONDO, ya sea porque los deudores paguen
todo o parte de sus deudas, o se compensen mediante la ejecución de los avales.
O dicho de otra forma, los prestamos realmente fallidos sean mínimos, y lo más
importante, mientras no sean pagados, estarán generando ganancia por los
intereses pactados más los .de demora ¡Un negocio en el que sin duda habrá
tenido que funcionar el fondo para reptiles! ¡Menudo regalo al BBVA!
¿Por qué no se le propuso a los clientes de cada Caja
afectada que se constituyeran en una COOPERATIVA, y así salvar el patrimonio público
y sus ahorros, aparte de facilitar el cobro de los préstamos? ¿A quién se le
pagó ese insultante y simbólico 1€? ¿Quién tiene la legitimación suficiente como
para transferir un patrimonio de semejante envergadura?...
Si han sido los Consejos de Administración o las Asambleas, con el visto bueno de las
Comisiones
de Control respectivas,
las que han decidido y aceptado dicha operación, debe
cuestionarse su legalidad (y, por lo tanto, la validez de la transacción) en cuanto a quién
o quiénes representan y qué papel se ha reservado para los verdaderos usufructuarios de
las Cajas (usuarios, empleados y
entidades fundadoras).
En
estos días en novacaixagalicia (o novagalicia banco), un grupo de
inversores están negociando la compra de activos
(préstamos a terceros) por un valor de 2000 millones por los que ofrecen ¡500
millones!... Lógicamente, buscan pingües beneficios que, aún mayores si incluye
lo que corresponda de los fondos para
fallidos que cubren esos préstamos que se venden. ¡Una nueva contrariedad
para los deudores de las extintas Cajas gallegas!...
En lo que se refiere a la manipulación de la morosidad, aporto testimonio de una
extraña situación: Fui aval de un préstamo con más de 4 años sin hacer pagos. Tuve
que pedir a Novacaixagalicia para que regularizar la operación, lo que me llevó
más de un año…
La razón que me dieron era que estaba catalogado como
“incobrable”, pero aún no le había llegado el turno para que me fuera reclamado
judicialmente, lo que les hubiera resultado fácil, pues mis ingresos y
patrimonio están debidamente registrados.
Parece posible que se tratase simplemente de dejar correr
el tiempo porque así se incrementan los intereses de demora y los gastos. De
hecho, en los años transcurridos, se generó un incremento que triplicaba la
deuda original, lo que su hubiera evitado si hubiesen tratado de cobrar el
préstamo cuando se produjo el impago.
Quizá se deba a que el valor de la Caja, para ser vendida
a un banco (amigo), está condicionado por la MOROSIDAD. Entonces la pregunta es
cuántos préstamos están si regularizar por esa actitud de la Caja, que ni
procede en contra de ellos, ni propone fórmulas para que el deudor pueda
cumplir con sus obligaciones, ajustándose a situaciones de crisis personal.
También ofrecen un balance más negativo, debido a
inmovilizado teóricamente invendible. Pero no es cierto, ya que muchas de las
viviendas embargadas tenían compradores, a los que se les pudo dar facilidades
para pagar, creando estabilidad que evitara el aluvión de embargos.
También he tenido una experiencia sobre su política
inmobiliaria. Me interesé por una ganga
ofrecida por Novacaixagalicia: Piso procedente
de embargo. Condiciones de precio y forma de pago, buenas. Les pregunto si
dichas condiciones se las habían ofrecido al antiguo propietario. La respuesta
fue “¡Naturalmente
que no!”…
La explicación: “tendríamos que hacérselo a todos, y resultaría menos rentable”
La justificación final: “Es que el banco (olvidando que aún era una CAJA) no es una ONG…”
La explicación: “tendríamos que hacérselo a todos, y resultaría menos rentable”
La justificación final: “Es que el banco (olvidando que aún era una CAJA) no es una ONG…”
Se supone que corresponde al BdeE vigilar y controlar las Cajas de Ahorro, a las que exigirles el cumplimiento de unas normas, que se han ido degradando.
Pero esa
responsabilidad hay que exigírsela a las personas que gestionan el BdeE,
ya que no deberían pasar desapercibidas las maniobras aquí descritas someramente.
Pudieran
alegar que fueron
cambios en la normativa las que han causado esa evolución,
pero es su responsabilidad proponer medidas y reglamentos, para ser
aprobados por las Cortes o por el Gobierno, por
lo que entre los dirigentes del BdeE se han de encontrar personas responsables
de haber actuado con
negligencia o con un ilegitimo interés propio.
Denuncio que el papel desempeñado por
los dirigentes del BdeE (que aparentemente es una institución al servicio de la ciudadanía y la defensa de sus derechos) es a favor de los intereses de la banca
privada, tolerando una gestión
descontrolada y fomentando el desmantelamiento
de las Cajas de Ahorro,
para facilitar su conversión
en bancos.
Así se ha llegado al expolio del patrimonio público, lo que
es sumamente importante como para evitar que se consoliden las operaciones puestas en marcha, retrotrayendo a sus orígenes las operaciones de fusión y reconversión, evitando que
todo
sea transferido
en
la forma prevista.
Ya que todo el proceso
se desarrolló sin solicitar las opiniones ni respetar los derechos de los afectados (entidades fundadoras, clientes y trabajadores).
En mi ignorancia jurídica, entiendo que se debe plantear un INTERDICTO
que pare el proceso en
marcha de bancarización de las Cajas de Ahorro, porque se están
quebrantando tanto mis derechos como los de otras personas y entidades relacionadas con las Cajas, ya que su carácter público se deben recuperar
esos derechos
que no se respetaron.
Creo que, en general, coincido con otras muchas personas que llegaron a las mismas o parecidas conclusiones. Me parece lógico, por tanto, acudir la esa Fiscalía reclamando una
investigación
que
permita depurar responsabilidades y restaurar los derechos avasallados,
uniéndome
a la
campaña de recogida de firmas patrocinada
por
diversas organizaciones ciudadanas, aportando mi testimonio por lo que tiene de particular en cuanto mis experiencias directas con alguna
de las Cajas implicadas.
Es evidente la estulticia en la participación de las Comisiones de Control
y de los Consejos de Administración en este proceso. Se
publicó en la prensa
que una Consejera dimitió de su cargo,
para protestar por
las decisiones tomadas por el equipo directivo de NCG, sin conocimiento del Consejo, refiriéndose a los pagos millonarios
efectuados a directivos de Caixanova y Caixa Galicia, pero los restantes miembros, no se manifestaron el respeto, demostrando una pasividad intolerable.
Es de suponer
que
tanto la Comisión de Control como el Consejo de
Administración
de las Cajas hayan aprobado facilitar todo el
proceso de reconversión en un banco especulativo. Pero, a la vista
del
ocurrido, está claro que no era querían
mejorar la situación de las Cajas, sino conseguir, con la complicidad del BdeE, una
entrega del patrimonio PÚBLICO de las Cajas a los bancos, en perjuicio de la colectividad
beneficiaria y generadora del dicho patrimonio.
Esta en entredicho la legalidad de la representación de los miembros de los citados Consejos ya que, sistematicamente, se degradaron (en lugar de mejorar) unos métodos que garantizasen una participación democrática, controlados por las Autoridades monetarias.
maqmaq@gmail.com
